Un allanamiento no se evalúa sólo por cómo se vivió el procedimiento. La discusión jurídica empieza por comparar la orden, su fundamento, el alcance autorizado, el acta y lo que efectivamente ocurrió.
El control de legalidad exige reconstruir una secuencia. Qué pidió la acusación, qué autorizó el juez, qué domicilio y objetos estaban comprendidos, quién ejecutó la medida y qué quedó asentado en el acta. Una irregularidad relevante aparece cuando existe una diferencia jurídicamente significativa entre lo autorizado y lo realizado, o cuando falla el fundamento que permitió la injerencia.
La experiencia previa dentro del Poder Judicial enseña algo simple: un planteo de nulidad eficaz no se construye con adjetivos. Se construye señalando el acto, el límite infringido, la garantía afectada y la consecuencia concreta dentro de la causa.
Cuando se secuestran dispositivos, la discusión se desplaza a la evidencia digital. Identificación física, cadena de custodia, herramienta de extracción, integridad de la copia y alcance de la búsqueda pueden convertirse en puntos centrales. El dato digital tiene fuerza probatoria sólo si puede explicarse de dónde salió, cómo se preservó y por qué se lo atribuye a una persona.
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Juan Luciano Ortiz Almonacid trabajó trece años en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación y luego desarrolló más de veinticinco años de ejercicio profesional. Esa combinación permite mirar una medida desde dos planos: qué necesita justificar una decisión judicial y qué necesita preservar una defensa para discutirla eficazmente.
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