En un expediente informático no alcanza con mostrar una captura o un archivo. La defensa y la querella necesitan saber de dónde salió la evidencia, cómo fue preservada y qué relación real tiene con el hecho investigado.
La cadena de custodia busca que pueda explicarse quién recibió un elemento, cómo fue identificado, dónde se conservó y cuándo fue entregado para su análisis. Los vacíos no producen automáticamente una conclusión jurídica, pero sí obligan a examinar con mayor precisión la confiabilidad del material.
Una captura puede orientar una investigación, pero pierde contexto: metadatos, continuidad de la conversación, archivos vinculados y posibilidad de pericia. Siempre que sea posible conviene preservar el dispositivo, correo, chat o archivo original y documentar cómo se obtuvo la copia utilizada en el expediente.
Un teléfono o una computadora contienen una enorme cantidad de información ajena al objeto de una causa. La cuestión no termina en la extracción técnica: hay que analizar el alcance autorizado, el período examinado, los criterios de búsqueda y la relación del dato obtenido con la imputación concreta.
Una IP, una cuenta, una línea o un dispositivo son datos técnicos; la atribución personal exige algo más. El análisis serio conecta ese dato con contexto, titularidad, uso, tiempo y otros elementos del expediente. Por eso la prueba digital debe leerse como una cadena de inferencias, no como una etiqueta automática de responsabilidad.
Juan Luciano Ortiz Almonacid combina trece años de experiencia en funciones judiciales con más de veinticinco años de ejercicio penal privado. El enfoque de estas publicaciones es procesal: identificar qué dato puede sostener una decisión y qué control necesita la defensa para discutirlo.
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